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A principios de este enero, trascendió que el padre del menor arrollado por una carroza en la Cabalgata de Reyes de 2013 reclamó al Ayuntamiento de Málaga una indemnización de 312.100 euros por la muerte del niño y de su madre -acaecida unos meses después por una cardiopatía-. Una solicitud presentada en base a la responsabilidad patrimonial de la Administración al considerar que el Consistorio, como organizador del evento, no adoptó las medidas de seguridad necesaria. No es el único caso, ya que anualmente los grandes ayuntamientos son objetos de demandas administrativas presentadas por los ciudadanos derivadas de daños provocados por la negligencia de la acción municipal.